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Bogotá, 14 ago (EFE).- El juez español Baltasar Garzón visitó hoy una reserva indígena en el suroeste de Colombia para oír las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos de las cuales se consideran víctimas sus moradores y ser garante de los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno.
Garzón fue recibido con honores por parte de la guardia indígena en la reserva de La María, en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca.
Posteriormente escuchó las denuncias que los nativos en materia de violación de derechos humanos.
"Estoy acompañando a las comunidades indígenas en algunos de los casos y temas que tienen pendientes con el Gobierno."
Agregó que su función es de acompañamiento y "garante de esos acuerdos".
"Por tanto mi intervención es estrictamente personal, como amigo de las comunidades indígenas y no como juez", precisó a los periodistas que lo acompañaron a su visita.
El líder indígena Darío Tote dijo que 1.250 nativos de esas comunidades han sido asesinados en el conflicto armado interno de Colombia desde 1980 hasta la fecha.
"Ayer fue asesinado un indígena en Puracé, estamos llevando a cabo la investigación para saber quien lo asesinó realmente. Cada día mueren compañeros indígenas y es lo que pretendamos presentarle para que nuestra voz sea oída internacionalmente", dijo.
Por su parte, José Antonio Yalanda, gobernador indígena de la reserva de La María, indicó que a diario son víctimas de diferentes violaciones por parte de los grupos armados y esa es la denuncia que le presentaron a Garzón
"Él nos visitó y le pedimos que el derecho internacional humanitario se aplique como es debido en las comunidades indígenas para que haya mayor atención", subrayó.
Algunas comunidades de campesinos también aprovecharon para denunciar ante Garzón violaciones de grupos irregulares y del Ejército.
Garzón, uno de los asesores de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo acompañado de la fiscal de la Audiencia Nacional de España Dolores Delgado.
En la audiencia se presentaron testimonios sobre las acciones de movilización social por las tierras, al desconocimiento estatal a los derechos históricos y constitucionales, a la presencia de multinacionales en sus territorios y a la persecución, amenaza y asesinato de líderes y autoridades indígenas.
Además señalaron que las políticas gubernamentales han estado enfocadas en los últimos años a "desacreditar y estigmatizar" el trabajo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de las autoridades nativas de la zona.
También a "crear organizaciones paralelas para contrarrestar y afectar el trabajo de procesos legales y legítimos como el indígena del Cauca" y "mantener la impunidad, mediante la ausencia de resultados en las investigaciones penales y disciplinarias cuando se trata de ataques, asesinatos, amenazas, contra dirigentes indígenas".
