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El escándalo bancario que ha golpeado a Dinamarca

Frank Connelly / Peter Levring / Frances Schwartzkopff

Danske Bank A/S, fundado en Copenhague en la década de 1870, no suele ser noticia fuera de Dinamarca. Eso cambió cuando el banco informó del alcance de lo que podría acabar siendo uno de los mayores y más descarados casos de blanqueo de capitales de Europa.

Durante nueve años, se realizaron transferencias por un valor aproximado de 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) a través de su pequeña filial estonia, gran parte de las cuales resultaban sospechosas, según la compañía. Las sospechas sobre Danske llevaban cocinándose más de un año, pero un informe interno publicado el 19 de septiembre informaba de que el banco había permitido la actividad potencialmente ilícita y se había beneficiado de ella, incluso después de que los reguladores y un delator ¬emitieran señales de alarma. «El escándalo es enorme», admite Martin Lidegaard, exministro de exteriores de Dinamarca y miembro del ¬Partido Socioliberal, en la oposición. «Una de las peores consecuencias es la pérdida de confianza en la industria financiera danesa y en Dinamarca».

El gobierno danés amenaza con imponer multas de hasta 630 millones de dólares, y las autoridades de Estados Unidos y de Reino Unido ya estudian distintos aspectos del caso. La caída de las acciones de casi el 30 por ciento desde el comienzo del año ya se ha llevado por delante casi 12.000 millones de dólares del valor de mercado de Danske Bank.

Dinamarca suele clasificarse en los mejores puestos en las encuestas sobre los países menos corruptos y más transparentes del mundo. Ahora, S&P Global Ratings afirma que la magnitud del escándalo podría llegar a poner en riesgo la calificación crediticia del país, que actualmente es de AAA. Las revelaciones sobre el Danske son el último ejemplo de cuánto queda por hacer para evitar que algunos elementos perniciosos canalicen sus ganancias ilícitas hacia la Unión Europea, mediante un proceso de blanqueo de dinero que permita gastarlo sin levantar alertas. Hace siete meses fue Letonia, vecina de Estonia, la que se vio envuelta en un escándalo mediático y regulador tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al tercer prestamista ¬del país de actuar como maquinaria de blanqueo de dinero en efectivo. El banco rechazó las acusaciones de irregularidades y entró en concurso de acreedores. A principios de septiembre, el gigante danés ING Groep NV aceptó abonar 775 millones de euros para cerrar una investigación de la fiscalía de Países Bajos sobre actividades delictivas, que incluían blanqueo de capitales.

El 24 de septiembre, el organismo alemán de control de mercados ordenó a Deutsche Bank AG que mejorara los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y asignó a la auditora KPMG la misión de supervisar sus esfuerzos. Ello después de que el mayor banco alemán pagara más de 600 millones de dólares en concepto de sanciones a autoridades reguladoras de EE.UU. y de Reino Unido el pasado año por ayudar a clientes rusos a sacar casi 10.000 millones de dólares de su país. El goteo de casos hace que los esfuerzos europeos de control caigan en saco roto.

Al no existir una autoridad europea centralizada encargada de erradicar el blanqueo de capitales, esta tarea se deja normalmente en manos de las autoridades reguladoras nacionales y de la policía local. Las restricciones en Letonia estuvieron orquestadas por Estados Unidos y la investigación en Estonia se vio impulsada por las informaciones del diario danés Berlingskey no por autoridades nacionales o europeas.

¿Hicieron lo suficiente?

La UE está estudiando ahora si los órganos reguladores de Danske Bank hicieron lo suficiente. La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas) de Dinamarca afirmó que el 24 de septiembre la Autoridad Bancaria Europea se puso en contacto con ella, como encargada de controlar a los supervisores de los bancos nacionales. Su intención es que el organismo de control explique qué acciones tomó para tratar de garantizar que Danske Bank cumpliese con sus ¬requisitos de prevención del blanqueo de capitales. En mayo, la FSA emitió un incisivo informe sobre las acciones del prestamista.

Danske es el principal banco de Dinamarca y, hasta hace poco, era tal vez conocido por su cercanía con el rígido establishment corporativo del país. Su principal accionista, con una participación del 20 por ciento, es A.P. Møller Holding A/S, el brazo inversor de la fundación que controla A.P. Møller-Maersk A/S, la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo.

¿Cómo acabó este banco envuelto en transacciones sospechosas en Estonia? En un informe interno de 87 páginas, Danske encuentra fallos en la compra en 2007 del Banco finlandés Sampo. Como parte de dicho acuerdo, que se cerró en la antesala de la crisis financiera global, Dankse adquirió la filial en Estonia, una nación de 1,3 millones de personas colindante con Rusia. El pequeño estado báltico se independizó de la Unión Soviética en 1991 y se unió a la UE en 2004, pero sus lazos culturales y económicos con Rusia siguen.

Entre las oportunidades perdidas, según dicho informe, Danske Bank ignoró las alertas que ya en 2007 emitieron la autoridad reguladora de Estonia y el banco central ruso de que se estaba utilizando a la filial con motivos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. El banco tampoco investigó adecuadamente un informe de un delator de 2013. Según informa Berlingske, Howard Wilkinson, director de negocio de Danske para los mercados bálticos, lo archivó hasta 2014.

A finales del año, la cartera de no residentes las cuentas que mantienen clientes fuera del país en la filial de Danske, representaban el 44 por ciento de dichos depósitos en los bancos de Estonia, en comparación con el 27 por ciento de 2007. Danske decidió desmantelar la cartera de no residentes en la segunda mitad de 2015. Aun así, solo comenzó a ahondar en el asunto tras un artículo publicado en el Berlingske el pasado año.

En el momento de la publicación del informe, tan solo se había revisado un 40 por ciento de los clientes extranjerosaquellos identificados como más sospechosos, y quedaban unos 8.800 pendientes de revisión. Danske denunció a la policía a ocho antiguos empleados de la filial estonia como sospechosos de haber actuado en colusión con clientes. El presidente Ole Andersen afirmó en declaraciones la semana en que se publicó el informe que «claramente, el banco ha incumplido sus obligaciones a este respecto».

El banco podría enfrentarse a sanciones de hasta 1.700 millones de dólares tras ver la luz las últimas informaciones, afirman en una nota los analistas de Svenska Handelsbanken AB. «Nos ha llevado una década recuperar la confianza en la industria financiera» tras el crash global de 2008, afirma Lidegaard, exministro de asuntos exteriores. «Este caso seguirá persiguiéndonos muchos años hasta que consigamos recuperar la confianza una vez más».

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