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Fraude

El rastreo de datos para identificar evasores fiscales

David Voreacos / Christian Berthelsen

Una cuenta en un banco suizo puede cerrarse, pero no cae en el olvido. «Muchísimas personas se marcharon cuando fueron a por UBS», dice Robert Panoff, abogado fiscalista en Miami

El temor a la cárcel y al escándalo ha llevado a decena de miles de estadounidenses que ocultaban su dinero en paraísos fiscales a acogerse a la amnistía que lanzó en 2009 el Servicio de Impuestos Internos del país. Tenían que traer el dinero de vuelta a casa, pagar los impuestos y las sanciones y contar a las autoridades cómo los bancos les habían ayudado a hacer trampa. A cambio, no tendrían que comparecer ante un tribunal. No obstante, algunos resistieron. Optaron por mover su dinero de Suiza a otros paraísos fiscales como Singapur y Hong Kong, arriesgándose a que el Gobierno estadounidense diera con ellos.

Ahora este juego peligroso de «atrápame si puedes» ha ido un paso más allá gracias a los datos arrojados por 80 bancos suizos que llegaron a acuerdos con EE.UU. para evitar los tribunales. Al igual que los estadounidenses, han tenido que contar cómo funcionaba su sistema de trampeo, aunque por deferencia a la legislación suiza en materia de protección de datos, no han tenido que divulgar nombres de clientes y números de cuenta. Los fiscales han estado analizando toda la información y se han centrado en los «huidos», aquellos clientes que sacaron su dinero oculto para esconderlo en algún otro lugar. También han puesto el punto de mira en las compañías e intermediarios con los que colaboraron, comentan la fiscalía y los abogados fiscalistas.

CITACIONES

Mark Matthews, abogado en Caplin & Drysdale, cuenta que muchos de sus clientes están recibiendo citaciones del gran jurado por tema de registros contables y añade que cree que se debe a la mina que han destapado los bancos. «Es evidente que el Departamento de Justicia está rastreando los datos», comenta. Los fiscales no van a decir si han podido inculpar a alguien gracias a los datos. «Sigue habiendo gente tratando de permanecer en la sombra y es nuestra obligación dar con ellos», comenta Nanette Davis, fiscal en materia tributaria del Departamento de Justicia. 

Si bien las cuentas siguen siendo anónimas salvo autorización del cliente, los bancos han informado de los volúmenes de dinero que entraron y salieron de cada una entre 2008 y 2014, así como de las fechas de apertura y de cierre y de los valores máximos. Todas estas pistas cobran sentido cuando se combinan con otras informaciones. Un equipo de fiscales y de agentes del Servicio de Impuestos Internos, cuyo número Davis se limita a describir como «considerable», está tratando de identificar a los huidos, combinando los datos del banco con otras pruebas recopiladas por las autoridades. No obstante, los bancos pueden acumular los flujos de dinero en resúmenes mensuales para cada una de las cuentas, lo cual complica vincularlos con exactitud a una transferencia aislada de la que las autoridades ya tengan conocimiento. El equipo también puede solicitar información de Suiza a través del acuerdo fiscal entre ambos países. «Estamos haciendo todo lo posible para hacer una especie de ingeniería inversa a través de nuestros datos», comenta Davis, a lo que añade que EE.UU. ya ha identificado a los titulares de un número «significativo» de cuentas.

Los 80 bancos suizos que han proporcionado la información han pagado 1.370 millones de dólares en sanciones por ayudar a los estadounidenses a evadir impuestos. BSI, Union Bancaire Privée UBP y Crédit Agricole han pagado algunas de las mayores sanciones en el marco del programa de revelación de datos: 211 millones de dólares, 188,7 millones de dólares y 99,2 millones de dólares respectivamente. En total, los bancos han tenido unos 50.000 millones de dólares es activos estadounidenses en 35.096 cuentas desde 2008 hasta 2013, de acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg. Negarse a colaborar ha resultado incluso más caro: la unidad principal de Credit Suisse Group AG, que no facilitó datos, fue declarada culpable en 2014 y pagó 2.600 millones de dólares. 

Los datos de los bancos han sumado información de las 56.000 personas que desde 2008 se han acogido a la amnistía conocida como el Programa de Comunicación Voluntaria de Paraísos Fiscales. El programa ha recaudado unos 10.000 millones de dólares en impuestos y sanciones. Los bancos que ocultaban activos también han tenido posibilidad de reducir las sanciones demostrando que convencieron a sus clientes para acogerse al programa. Los investigadores se enfrentan a un «tsunami de pistas» a partir de todas las informaciones recibidas, comenta Robert Panoff, abogado fiscalista en Miami. «Los nombres, fechas, lugares, abogados, contables y operadores de fondos. Toda la información está ahí. Si todavía hay gente con la que no han dado, solo se debe en gran parte a que el Estado no tiene suficientes personas que puedan hacer este trabajo».

Los estadounidenses comenzaron a sacar dinero de Suiza en 2009, cuando UBS Group AG pagó 780 millones de dólares para evitar los tribunales, comenta Panoff, que prefiere la expresión «migrantes de cuentas» a «huidos». El programa de comunicación de información se puso en marcha cuando UBS aceptó facilitar datos sobre unas 4.700 cuentas. «Mucha gente se marchó cuando fueron a por UBS», comenta Panoff. «Algunos optaron por bancos israelíes, otros por entidades del Extremo Oriente o del Caribe. Fue como cuando golpeas una mancha de mercurio y las gotas pequeñas se dispersan por todas partes».

Lucy Lee, también abogado fiscalista en Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, comenta que un grupo de fiscales y agentes del Servicio de Impuestos Internos ha situado el punto de mira en aquellos contribuyentes que movieron su dinero a Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. «La lista de huidos no es algo que deba infravalorarse o pasarse por alto», expone. «Supone una amenaza real para las instituciones financieras, y para los asesores y los abogados que hayan ayudado a quienes han evadido, puesto que se tiene en cuenta a los titulares procedentes de instituciones que están siendo investigadas». No obstante, por el momento, solo Davis y sus investigadores saben quiénes es probable que tengan que pagar por los evasores que han escapado del sistema tributario estadounidense.

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