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Facebook, entre las cuerdas por su estrategia fiscal

David Kocieniewski

Facebook y el Servicio estadounidense de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se encuentran en plena batalla, algo que según el gigante de la red social podría suponerle un gasto de hasta 5.000 millones de dólares. La controversia gira en torno a la estrategia fiscal diseñada por EY, anteriormente denominada Ernst & Young, que habría ayudado a Facebook a rebajar miles de millones de su factura tributaria desde 2010. La defensa de Facebook se basa, en parte, en que dicho plan estuvo sometido a la revisión de auditores externos. ¿Qué auditora aprobó el plan fiscal de EY? EY.

A lo largo de los últimos cuatro años, los servicios de auditoría prestados por EY le costaron a Facebook casi 23 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 21 millones de dólares en concepto de servicios de planificación fiscal y otros distintos a la auditoría. Y se trata de un modelo bastante habitual: más de 100 compañías estadounidenses han contratado a sus auditoras para que les asesoren también con su planificación fiscal, para analizar las implicaciones fiscales de fusiones, traslado de sus derechos de propiedad intelectual a filiales offshore, o traslados corporativos (operaciones por las que trasladan la sede social al extranjero). Según un análisis efectuado por Bloomberg de datos de declaraciones tributarias presentadas ante la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU. [SEC, por sus siglas en inglés], recopilados por Audit Analytics, dichos servicios para clientes de auditoría generaron una facturación de más de 613 millones de dólares para las auditoras del grupo conocido como Big Four, entre 2012 y 2015. Alrededor del 10 por ciento de las tarifas que perciben las auditoras de sus clientes de auditoría corresponden a servicios distintos a la auditoría.

Se trata de una cuarta parte de lo que suponían antes de las reformas legislativas aprobadas en 2002, tras el escándalo de Enron. Las auditoras argumentan que son tan elevadas que sus unidades de consultoría y auditoría son, fundamentalmente, entidades independientes. El Centro de Calidad de Auditoría, un grupo financiado por el sector, señala que al llevar a cabo funciones dobles de consultoría y auditoría, las firmas están más familiarizadas con las finanzas corporativas, lo que les ayuda a proporcionar un mejor servicio al cliente y al público. Cindy Fornelli, directora ejecutiva del grupo, afirma que hay estudios académicos que muestran que la consultoría no debilita la calidad de los servicios de auditoría. «La confianza de los inversores en el mercado de capitales, auditores externos y cuentas anuales auditadas es elevada», argumenta.

Sin embargo, no faltan voces críticas por parte de especialistas en ética empresarial, que afirman que esa vinculación financiera es negativa para los inversores, que necesitan de los auditores una opinión sobre las finanzas corporativas que sea lo más objetiva posible. «La idea es sencilla: el análisis de las cuentas anuales de una compañía debe realizarlo un tercero independiente que no esté condicionado», afirma Matthew Barrett, profesor de la Notre Dame Law School. «Los auditores no pueden tener los mismos intereses financieros o personales que el cliente. Incluso el deseo de mantener a la sociedad como cliente puede mermar la independencia del auditor o de la firma auditora».

La Unión Europea ha aprobado este año nuevas normas para restringir la cantidad de servicios de consultoría que pueden asumir las auditoras de las sociedades a las que auditan. En EE.UU., la SEC ha dado ya algunos pasos para hacer efectiva la independencia de los auditores, tales como penalizar a las firmas que hagan presión en nombre de compañías para las que trabajen. Existe una normativa que prohíbe cualquier servicio de consultoría que sitúe al contable en la posición de auditor de su propio trabajo, pero la agencia no considera que ello implique que las firmas no puedan prestar servicios de asesoramiento fiscal a clientes de auditoría.

Los grupos defensores de inversores y antiguos reguladores afirman que en transacciones complejas que impliquen fusiones o reorganizaciones, es fundamental que los inversores obtengan una valoración tan independiente como sea posible sobre la sociedad. «En el caso de las multinacionales de hoy en día, los inversores no cuentan con medios razonables para determinar el valor de una sociedad, salvo que sepan el lugar donde opera la sociedad y cuál es su posición fiscal», afirma Tyler Gellasch, ex asesor de un delegado de la SEC.

En el caso de Facebook, que se encuentra en pleno proceso judicial en un Tribunal Federal de California, en 2010 la sociedad asignó parte de sus derechos de propiedad intelectual a una filial irlandesa. El IRS argumenta que EY recurrió a una fórmula «problemática» para rebajar de forma drástica el valor de dichos derechos, reduciendo de forma incorrecta el gasto fiscal de la sociedad en cientos de millones de dólares al año. Facebook no ha realizado declaraciones al respecto. En sede judicial, aseguró que la valoración utilizada era correcta, y que debía prevalecer. En una declaración presentada ante la SEC en julio, Facebook informaba a los inversores de que, en caso de perder, podría pasar a adeudar impuestos adicionales, multas e intereses por valor de entre 3 y 5 mil millones de dólares.

Otras compañías también han trasladado sus derechos de propiedad intelectual al extranjero, recurriendo a los servicios de la misma firma como estratega fiscal y auditora. Entre ellas, GlaxoSmithKline, Microsoft, y Activision Blizzard. Los portavoces de dichas compañías han rechazado comentar el papel que habrían desempeñado las sociedades contables en su estrategia fiscal.

CONFLICTO

Lynn Turner, ex jefe contable de la SEC, afirma que el trabajo de consultoría plantea un claro conflicto, especialmente cuando implica planificación fiscal. «Cuando la dirección solicita a un auditor la creación de una estructura fiscal que dicho auditor debe auditar posteriormente como parte de los estados financieros, se compromete su objetividad y ausencia de conflicto», afirma Turner.

En la columna llamada Point of View de la página web de la sociedad, EY valoraba los argumentos a favor y en contra de permitir a las auditoras prestar asimismo servicios de consultoría a sus clientes. El veredicto de EY: El posible conflicto puede gestionarse. «En nuestra opinión, que los auditores puedan ofrecer servicios distintos a auditoría mejora la calidad de los servicios de auditoría, siempre que cuenten con la aprobación previa del comité auditor y que se hagan públicos en su totalidad a los accionistas», afirma EY.

Algunos miembros de la Junta de Supervisión Contable para Empresas con Cotización Bursátil (Public Company Accounting Oversight Board), creada tras el escándalo de Enron para establecer estándares de auditoría para contables, han llamado la atención sobre el aumento de dicha actividad de consultoría. En junio, Steven Harris, miembro de dicha junta, que participaba en una conferencia internacional sobre gobierno corporativo, advertía: «Creo que los inversores deben preocuparse».

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