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escándalo de corrupción

La sombra de la amnistía fiscal planea sobre la cúpula de Gürtel al completo

Mateo Balín

El juez Pablo Ruz pide datos del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, después de que el constructor Alfonso García Pozuelo, implicado en "Gürtel', admitiera la regularización fiscal.

El juez Pablo Ruz no quiere dejar ningún cabo suelto ni permitir que imputados en la trama 'Gürtel' por delitos fiscales, como Luis Bárcenas, se hayan acogido a la amnistía fiscal del Gobierno a través de alguna sociedad o testaferros.

El instructor envió este martes un oficio a la Agencia Tributaria para conocer si el presunto cabecilla del entramado, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se han beneficiado de la medida de gracia del Ministerio de Hacienda.

Ruz tomó esta decisión después de que el expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, acusado en el sumario de 'Gürtel', remitiera a su juzgado la documentación tributaria con la que regularizó sus fondos.

Además de Correa, el instructor de la Audiencia Nacional quiere conocer las declaraciones tributarias realizadas por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los exdiputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

El juez también se interesa por las declaraciones del empresario José Luis Ulibarri; los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Majadahonda Guillermo Ortega, Arganda del Rey Ginés López, y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, todos del PP; el exdiputado Jesús Merino; y el exconcejal en Boadilla José Galeote.

Empresas

También figuran en esta lista el expresidente de Fadesa Fernando Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas, Amando Mayo y las sociedades UFC y Grupo Begar, del empresario José Luis Ulibarri.

La decisión del juez se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la práctica de esta diligencia para verificar las «actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente» que pudieron realizar los imputados «durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal».

Ruz también traslada a la Intervención General del Estado otra documentación remitida por el expresidente de Fadesa, Fernando Martín, sobre sus tributaciones fiscales.

El escrito judicial solicita a la Agencia Tributaria las posibles declaraciones tributarias especiales de estas personas y/o empresas en relación con los impuestos correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes.

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