28 de Enero, 21:46 pm

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El taxi echa un pulso al Gobierno y mantiene sus movilizaciones

G. Ginés/ D. Caballero

El taxi mantiene el órdago. Las promesas realizadas en las últimas horas por el Ministerio de Fomento no han sido suficientes para el gremio, que iniciará hoy su quinta jornada consecutiva de huelga. Ayer, las protestas del sector se extendieron a más ciudades en toda España.

Todo ello en un día en el que el Gobierno intentó, sin éxito, alcanzar un acuerdocon las principales asociaciones del taxi. Flanqueados por cientos de vehículos parados en mitad del Paseo de la Castellana, representantes de Elite, Fedetaxi y Antaxi se reunieron durante cuatro horas con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Sin embargo, no hubo acuerdo. O, al menos, no uno definitivo.

El Ejecutivo ofreció al sector varias medidas para que se desconvocase la huelga, como ceder las competencias de las licencias de vehículos con conductor (VTC, con las que operan Uber y Cabify) a las comunidades o aprobar un «nuevo marco normativo» del sector para mediados de septiembre. El gremio, sin embargo, rechazó inicialmente estos ofrecimientos, que tildó de «insuficientes». «Mientras no exista un compromiso claro de todas las comunidades autónomas, a nosotros no nos vale», destacó Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi. «Hay muy buena voluntad, pero no es suficiente para irnos satisfechos, así que no desconvocamos la huelga», opinó por su parte el presidente de Antaxi, Julio Sanz. Mientras, representantes de Elite Taxi informaron de que convocarían una asamblea para decidir si desconvocaban sus protestas.

En manos de las regiones

Las dudas del taxi se fundamentan en que si bien Fomento tuvo voluntad de diálogo, no garantizó su principal petición: una regulación más favorable en toda España. Fuentes del sector explican que su principal reivindicación pasa porque las regiones impulsen las licencias urbanas, como la aprobada en junio por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un organismo presidido por Ada Colau. Esta norma, que en la práctica limitaba el número de VTC, fue denunciada primero por el propio Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por invadir competencias estatales y suspendida cautelarmente después por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Precisamente este procedimiento judicial ha sido el que ha provocado en última instancia el estallido de las movilizaciones.

Fomento no prometió ayer que fuera a impulsar este tipo de reglamentos en el futuro, aunque sí señaló que, si se logra el apoyo parlamentario para ceder las competencias a las regiones, «cabría hablar» de las licencias urbanas. Además, apuntó que los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector. En este sentido, Saura apuntó que este mismo viernes se diseñará en el Consejo de Ministros una «hoja de ruta» que supondrá una declaración política de compromiso con el sector. En este sentido, cobra especial relevancia las medidas que se adopten mañana en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para saber si los taxistas desconvocan sus protestas.

Lo cierto es que la guerra del taxi es una «patata caliente» para el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos. De hecho, las movilizaciones están generando cierta división dentro del Ministerio. En este sentido, cobra especial relevancia la salida del departamento de Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre desde 2016. Fuentes de Fomento explican a ABC que fue suya la decisión de recurrir «sin avisar» la norma de Colau, lo que provocó que fuera cesado por Ábalos días más tarde. Hay que tener en cuenta que, aunque el Ministerio ha mantenido esta reclamación, también ha moderado su oposición a la norma retirando la petición de cautelares contra ella.

Esta indecisión ha sido duramente atacada por la oposición. Ayer, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha «roto el consenso» que el anterior Gobierno instauró en el sector. Durante su intervención ante la Junta Directiva del PP de Madrid, Casado ha dicho estar «orgulloso» de lo que hizo el anterior Ejecutivo en 2017 al presentar un decreto ley «pionero» que evitaba la «especulación» con las licencias VTC, que no se podían vender hasta dos años después. El secretario de Estado de Transportes, por contra, señaló ayer que el Partido Popular había dejado una «herencia endiablada» que el PSOE «resolverá con ambición».

Saura hacía referencia así a las reiteradas movilizaciones convocadas por el sector del taxi en los últimos años. En la mayoría de ellas, el gremio reivindicaba que se cumpliera la ley, ya que si bien la normativa establece que debe existir una licencia de VTC por cada treinta taxis, en la práctica esto no se cumple.

Y es que, si bien las comunidades ya no conceden más autorizaciones, las modificaciones normativas acometidas en las últimos años han provocado que muchas de ellas sí que se otorguen en los tribunales. Como consecuencia, hoy circulan en España más de 9.000 licencias de este tipo y la relación con el taxi ha caído a una a siete. Esta realidad, de hecho, es la que realmente preocupa a los taxistas, más allá de la judicialización de ciertos reglamentos.

«Obsoleto»

Ayer, la patronal de Uber y Cabify, Unauto, recordó que ya han «cedido a la voluntad de los taxis» con el decreto que se aprobó en mayo para blindar este sector. Por ello, Eduardo Martín, su presidente, hizo hincapié en que no harán más concesiones a un gremio que, a su juicio, cuenta con un «monopolio» que no ha sabido adaptarse a la nueva realidad.

Concretamente, desde Unauto hablan del taxi como «servicio obsoleto» que ahora con la huelga tiene «secuestradas las ciudades». De hecho, el portavoz de la patronal señaló directamente al taxi por su conducta en las grandes ciudades: «Tenemos más de 100 coches destrozados, conductores con ataques de ansiedad, uno de ellos con quemaduras en la cara por ácido, otro al que dispararon el Barcelona desde una moto sin matrícula..», dijo Martín, para reclamar a las instituciones seguridad para estos trabajadores. Unauto confía en que la Policía pueda revertir la situación de violencia que denuncian, mientras que al Ejecutivo le piden firmeza para no dejarse amedrentar por el gremio de taxistas. «Solicitamos al Ejecutivo que no ceda al chantaje», dijo el presidente de la patronal.

De esta forma, el sector de las VTC alza la voz contra quienes buscan «atacar al turismo y amenazar al TSJC», algo que, a su parecer, está dejando una pésima imagen de la marca España para los visitantes.

Unauto se reunirá este martes con el Gobierno para abordar el problema y tratar de atajarlo, aunque desde la patronal no contemplan ceder en ningún aspecto más. «Los vehículos con conductor son una necesidad para la movilidad de los ciudadanos», explicó Martín, al tiempo que defendía su derecho a trabajar, en referencia a la situación de acoso que viven los conductores de las plataformas.

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