21 de Mayo, 15:13 pm

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La Fiscalía investiga si Mónica Oltra prevaricó más de 43,7 millones

A. C.

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal ante la denuncia presentada el pasado 17 de enero por el Partido Popular contra la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el resto de miembros del Ejecutivo autonómico por un presunto fraccionamiento de contratos y por el empleo de pagos por la vía del enriquecimiento injusto -que eluden a la Intervención por tratarse de contratos sin concurrencia competitiva- por un importe que sumaría 43,7 millones de euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación. El PP denuncia ante la Fiscalía «el fraccionamiento ilegal del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de Intervención». Los populares también denuncian «el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».

La aceptación a trámite de la denuncia, adelantada por el diario «El Mundo», abre un plazo máximo de medio año para que el Ministerio Público determine si deriva el caso a un juzgado. El PP señala en su denuncia que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, ha fraccionado contratos por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en el caso de servicios) para dar cobertura al servicio de limpieza de centros especializados de atención a mayores de localidades como Catarroja, Ontinyent o Sagunto. De esa forma, se han evitado los concursos públicos.

Fuentes populares señalan a ABC que los pagos por la vía del enriquecimiento injusto tampoco stán permitidos en este tipo de contratos. Al respecto, el portavoz de Economía del grupo popular en las Cortes Valencianas, Luis Ibáñez, ya afeó esta conducta a Oltra durante un pleno del Parlamento.

Con este método de contratación, reprochado por la Intervención de la Generalitat, la Consellera evita la licitación del contrato por el procedimiento abierto y determina qué empresa presta los servicios de forma directa y sin concurrencia.

Al respecto, la denuncia señala que «de forma sistemática, se viene acordando por la Vicepresidenta y Consellera de Igualidad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a las sociedades mercantiles de habitual contratación de su departamento, cuando o bien no se ha iniciado procedimiento alguno para contratar conforme a lo legalmente dispuesto, o bien la Intervención informa desfavorablemente la relación contractual».

«Práctica reiterada»

Según consta en la denuncia, firmada por la vicesecretaria general del PPCV, Eva Ortiz, «es práctica reiterada de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atender el pago de los servicios de los que requiere con carácter ordinario y recurrente mediante el reconocimiento de la situación de enriquecimiento injusto». Los expedientes adjuntados suman pagos con este método por 43,7 millones de euros.

De este modo, continúa la denuncia, «la Conselleria puede evitar la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto, sirviéndose así de decidir de modo directo y plenamente arbitrario a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que se desconocen».

La Fiscalía ha cumplido esta semana el trámite de abrir diligencias de investigación. Junto a Oltra, la denuncia del PP se dirige contra el subsecretario de la Conselleria, Francesc Gamero; José Aurelio Carrión, subdirector general de Envejecimiento Activo; Isabel Serra Marco, Directora Territorial en Valencia de la Conselleria; y Mercé Martínez i Llopis, Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia.

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