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Los «sabios» piden que los municipios puedan recaudar recargos en el IRPF

Javier Tahiri

Las comisiones de expertos para la financiación autonómica y local entregaron ayer sus propuestas para el futuro modelo de financiación territorial a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los dos informes serán remitidos hoy a los consejeros autonómicos de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Como recoge el documento al que ha tenido acceso ABC, los nueve economistas elegidos para alumbrar el modelo local proponen permitir que los ayuntamientos puedan financiarse estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.

El informe trata de recuperar la antigua capacidad de los ayuntamientos para fijar incrementos en el Impuesto sobre la Renta. Con el actual modelo, estos recargos no existen, si bien los municipios que son capitales de provincia, de comunidad o que tienen más de 75.000 habitantes reciben el 1,6875% de la cuota líquida del Estado en el impuesto. La propuesta de los «sabios» de la financiación va más allá y critica las «disfuncionalidades» de este modelo, ya que penaliza «en exceso a las localidades que han aumentado su población». Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, los expertos proponen que los recargos se articulen a través de las diputaciones por la complejidad de su gestión. En la actualidad, casi la totalidad de los ingresos del IRPF van al Estado y a las comunidades que se lo reparten por igual: el tributo es el que tiene más músculo recaudatorio, con 72.346 millones solo el año pasado.

Los expertos locales también sugieren retocar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la joya de la corona tributaria de los ayuntamientos que recauda más de 12.000 millones. En concreto, los sabios proponen «mejorar la homogeneidad temporal en la determinación de las bases fiscales», es decir, aproximar, en lo posible, la base a valores que tengan en cuenta los valores reales de mercado y ajustar los tipos para evitar incrementos significativos de la recaudación. En la actualidad el valor catastral equivale al 50% del valor de mercado, un límite que la Comisión para la Reforma Fiscal de 2014 ya había sugerido elevar. De hacerlo, la presión fiscal del IBI sería superior a la actual, por lo que los expertos proponen ajustar los tipos para evitar. La intención es que el impuesto dependa más de la fluctuación de los precios inmobiliarios y menos de las revisiones catastrales.

Asimismo, los sabios recomiendan diferenciar entre tres tipos de municipios a la hora de diseñar el futuro sistema de financiación local: en el caso de Madrid y Barcelona la Comisión considera que su financiación debería recogerse en sus propias cartas de autonomía local. Junto a ello, el informe diferencia entre municipios de más de 20.000 habitantes, con mayor autonomía, y los de menos población.

Los expertos también recomiendan establecer una tasa turística que grave las estancias, que armonizaría la que ya existen en comunidades como Cataluña o Baleares, que pasarían a ser gestionadas por los municipios. Ciudades como Sevilla, Granada o Santiago de Compostela estudiaban fijar tasas similares.

Crítica a la regla de gasto

Junto a ello, el informe critica las «rigideces» generadas por la «estricta» aplicación de la regla de gasto, por lo que llama a reformarla para dotarla de mayor racionalidad. La regla de gasto fija un límite al aumento del desembolso público referenciado a una tasa ligada al crecimiento de la economía. Esta obligación se aprobó en 2012 con la Ley de Estabilidad y desde entonces los ayuntamientos han acumulado superávit año a año, que en 2016 fue de 7.000 millones. Sin embargo, ello provoca también que los municipios tengan 20.000 millones de euros aparcados en depósitos, sin poder invertirlos para no desobedecer al Ministerio de Hacienda. Junto a estos municipios, la Comisión alerta de los problemas de sostenibilidad de 800 pequeños y medianos ayuntamientos con una deuda disparada.

Asimismo, los «sabios» abogan por una reforma completa del pastel tributario local. Apuestan por cambiar el impuesto de Actividades Económicas, «para extender y completar las actividades gravadas», así como revisar la cuantía y las fórmulas de reparto de la financiación específica del transporte urbano.

Plusvalía municipal

Junto al informe, los expertos remitieron ayer a Hacienda su propuesta de reforma de la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional tumbó hace meses el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal) por cobrarse incluso cuando se vende un inmueble a pérdidas. El tributo se regula mediante una ley estatal, la de Haciendas Locales.

Los expertos abogan por un nuevo impuesto que sea deducible de la base imponible de los tributos estatales sobre plusvalías inmobiliarias y que también grave los beneficios al vender generados en menos de un año -en la actualidad, exentos-. Para calcular si se ha producido plusvalía al vender la vivienda, los expertos recomiendan tener en cuenta la diferencia entre el valor del inmueble en la transmisión y su valor de compra, siguiendo los criterios del IRPF y de Sociedades para así gravar la «capacidad económica real» del contribuyente. La FEMP había propuesto esta opción junto a que el Catastro calculara coeficientes correctores. Los «sabios» han rechazado esta última alternativa. Además, la Comisión apuesta por introducir correcciones para tener en cuenta los efectos de la inflación en los valores.

Del lado de la reforma autonómica, los 21 expertos de la financiación regional proponen una armonización de Sucesiones, así como establecer que las comunidades puedan subir el IVA de forma colegiada, como ya publicó ABC. Junto a ello, recomiendan que las comunidades puedan aprobar copagos en Sanidad y otros servicios. y sugiere acortar a un año el reparto del Estado a las comunidades de la liquidación del sistema de financiación, que ahora se hace a dos años vista.

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