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Saracho ignoró las denuncias de Ron contra Arias por el supuesto blanqueo

María Jesús Pérez

José María Arias Mosquera, vicepresidente de Banco Popular hasta su intervención el pasado 7 de junio, bloqueó una investigación interna pedida por el entonces presidente del banco, Ángel Ron, sobre supuestas actividades de blanqueo de capitales vinculadas al caso Gürtel. Así se desprende de una carta, a la que ha tenido acceso ABC, enviada por Ron a su sucesor, Emilio Saracho, justo el día antes de su dimisión y, por tanto, salida del banco. Dichas operaciones se realizaron cuando Arias Mosquera era presidente de Banco Pastor y antes de que ambas entidades se fusionaran, en octubre de 2011, según consta en el informe interno realizado por la asesoría jurídica y cumplimiento normativo que dependen del secretario del consejo de Popular, Francisco Aparicio, y por Auditoría, dependiente del consejo de administración, a 3 de noviembre de 2016, en manos de este diario. Según consta en los documentos adjuntos en la carta, la resistencia de Arias Mosquera, que paró una y otra vez la entrega al consejo de administración de los datos que le inculpaban, hizo que la investigación se retrasara y el informe definitivo del ex fiscal general del Estado no fuera entregado al aún presidente Ron hasta el día anterior a su salida del banco, el 22 de marzo de 2017. Las fechas de la investigación coinciden con las informaciones en prensa que situaban a Arias en el entorno de los accionistas que presionaba para que Ron dimitiera.

Según la carta, Ron entregó el resultado de la investigación a Saracho y le recomendó denunciar ante la Justicia la situación del antiguo Pastor ante las evidencias encontradas. «Ambos compartimos, sin atisbo de duda, que la lealtad institucional está por encima de cualquier otra consideración cuando se trata de la defensa de los intereses del banco», comienza la misiva. Saracho se limitó a devolverlo a la asesoría Jurídica del banco.

Entorno Gürtel

Ron explica en la carta también que durante el consejo del 27 de abril de 2016, el secretario dio cuenta de ciertas informaciones periodísticas que se hacían eco de una investigación judicial, nacida en el seno de las actuaciones seguidas por la Audiencia Nacional en el llamado entorno Gürtel, en las que se mencionaba al Pastor.

Ante la posible trascendencia de los hechos, Ron le cuenta a su sucesor que pidió a Aparicio que profundizase en los mismos e informase al consejo, aún con el hándicap de la inmediatez de la noticia y su cercanía temporal a la celebración de aquel consejo. En síntesis, Ron escribe que las informaciones apuntan «a una posible relación del Pastor con operaciones financieras de dudoso cariz por importe de 1.200 millones de euros -unos 600 millones al debe y 600 millones al haber de diversas cuentas-. El desconocimiento que teníamos de estas operaciones tenía una doble causa: por un lado su fecha, dado que las operaciones referidas eran muy anteriores a la fecha de la compra de Banco Pastor por Popular y, por otro, el hecho de que Popular nunca había sido notificado, ni llamado al proceso como parte... a fecha de hoy, seguimos sin ser parte de ningún tipo en el procedimiento judicial».

Días después a la reunión del consejo, según Ron, se recibe a través de un medio de comunicación, copia del auto de 25 de abril de 2016, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada «Cantón», de las diligencias previas 275/2008, que se siguen como investigación de diversos delitos económicos, relacionados con la corrupción y atribuidos a las personas y entidades vinculadas con la trama Gürtel. «Pude conocer entonces, con la lectura de dicha resolución judicial -añade en su carta- que se había acordado mediante auto de 13/8/2013, librar un requerimiento al Banco Popular sobre los extractos de movimientos a los ejercicios 2006 a 2010, en relación con una serie de cuentas bancarias, titularidad de las mercantiles Belfast Link y Eves S.A., reiterándose dicho requerimiento a través de resoluciones posteriores».

La ONIF pide información

La petición de información al Popular, por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se debió por los indicios de participación de ambas entidades mercantiles y del Pastor, «en una serie de actuaciones constitutivas de delito de blanqueo de capitales, calificando como serios los indicios de que esta última entidad bancaria podría haber incumplido gravemente varias de las obligaciones de prevención de blanqueo en sus relaciones de negocio con las anteriormente citadas», dice en la misiva.

Según las explicaciones incluidas en la carta, derivadas de las investigaciones para elaborar el informe interno, ambas sociedades realizaron movimientos entre 2006 y 2010, a través de cuentas constituidas en la oficina de Pastor de la calle Cantón Pequeño de La Coruña. La mayoría de estas transacciones se realizó en Argentina y Uruguay. Arias entonces informó de que en su día se cursaron al Sepblac 6.000 alertas, de las que se pidieron exclusivamente tres aclaraciones, que fueron contestadas.

Dada la relevancia de esta resolución judicial y su contenido, Ron encarga al secretario del consejo un proceso de revisión de los procedimientos de control en Banco Pastor del funcionamiento de sus oficinas de representación con el fin de conocer cuánto hubiese tenido relación con los datos que se apuntan y poder esclarecer tan confusas dinámicas.

Con el objetivo de realizar el informe interno se le pregunta a Yolanda García Cagiao, directora de Auditoría Interna de Popular y, previamente, responsable del mismo departamento en el Pastor, que manifestó que poco antes de la fusión con Popular, «el presidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera, le dio orden expresa de destruir cuantos documentos internos de trabajo, ya fueran físicos o en soporte informático, hubiera en su unidad en relación con la operaciones de las oficinas de representación, lo que se llevó a efecto por parte del personal de dicha unidad de Auditoría».

Arias recibió el borrador

Por la implicación personal que aparentemente se deducía del informe para Arias, Popular puso entonces en conocimiento de Arias el borrador de la citada investigación a principios de noviembre del año pasado para que el banquero pudiese realizar «las aclaraciones o alegaciones que considerase oportunas». El que fuera presidente de Pastor en el momento de la presunta comisión de los delitos de blanqueo aseguró «que las operaciones se realizaron para proteger los intereses de los clientes, cuyas operaciones no eran legales en aquellos países pero sí en España».

A la vista de la mención de posibles repercusiones para Popular, Ron solicitó un informe jurídico externo de un consultor de acreditada solvencia -Juan Ortiz Úrculo- que elaboró un borrador de dictamen, cuyo contenido se le avanza el 19 de febrero de 2017, víspera de la junta de accionistas, a través de un correo electrónico, que envía adjunto a la carta a Saracho.

La investigación interna que recibió Ron afirma que hay indicios suficientes para concluir que Pastor articuló un sistema informático en sus oficinas de representación para realizar transferencias opacas a unos 50 países «principalmente Suiza, EE.UU., Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas». Especifica además que «a las oficinas de representación del Pastor se les instala una aplicación informática departamental que utilizaban para abonar las partidas cedidas por los clientes (normalmente remesas de cheques), que permitía dar un tratamiento opaco a gran parte de estas partidas, no apareciendo en extractos el detalle de muchos de los movimientos de abono».

«En 2010, bancos corresponsales del Pastor (HSBC y JP Morgan) decidieron no procesar transferencias» de Eves, Belfast Link y otras sociedades (Casa de Cambio Los Tilos, Northwick Insurance, Lucía Enterprise, Krause Corporation (continuadora de la actividad de Belfast Link) y Pandera Management, bajo sospecha de blanqueo.

Santander sí lo entrega

Según fuentes consultadas por ABC, una vez que Santander compra Popular, el banco que preside Ana Botín pone a disposición del juez toda la documentación heredada y relacionada con la supuesta implicación de Arias en actividades de blanqueo de capitales.

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