Vocento 15 años 20 de Octubre, 03:13 am

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operaciones corporativas

La banca evalúa la compra del Popular a precio de derribo

Moncho Veloso / María Cuesta

El Popular se ha fijado el objetivo de cerrar su venta a un precio de en torno a 1,2 euros por acción. Sin embargo, y según fuentes financieras consultadas, las abultadas necesidades de provisiones que aún tiene el banco y la factura de eventuales demandas de los accionistas haría que los bancos interesados en la operación vayan a pujar muy a la baja, hasta el punto de que las ofertas no incluyan prima -o una muy reducida- sobre el actual valor bursátil del Popular.

Las acciones cerraron ayer a 0,69 euros, un 3,20% menos que el pasado viernes. En las últimas semanas varios bancos de inversión y casas de análisis han reducido su valoración del Popular por debajo del euro por título, al entorno de 0,7 euros.

La gran incógnita de los posibles compradores, entre ellos el Santander, BBVA y Bankia, es qué saneamiento adicional requiere el Popular para elevar la cobertura de sus 36.389 millones de euros en activos tóxicos, que se cifra en unos 4.000 millones, así como el temor a posibles agujeros adicionales, pues la revisión de las cuentas de 2016 ha sembrado más dudas en el sector.

A ello hay que sumar la factura de eventuales demandas de los accionistas que acudieron a la ampliación del año pasado y han perdido parte de su inversión. Aunque el Popular considera que no hay base legal para ello, fuentes jurídicas y financieras coinciden en que los grupos interesados en absorber el banco han incluido ese riesgo en su ecuación con una probabilidad de ocurrencia alta.

Y es que en el sector están muy presentes precedentes como la salida a Bolsa y las preferentes de Bankia y el elevado índice de respuestas judiciales favorables a los clientes en los últimos años. Aunque fuentes bancarias admiten que es difícil cuantificar esa variable, se señala que la contingencia máxima serían los 2.500 millones que el Popular captó en su ampliación de hace un año.

Según las fuentes, que Saracho pueda blindar esos 1,2 euros es clave, pues es el precio al que se hizo la ampliación en junio de 2016; una venta muy por debajo alentaría las demandas. Pero teniendo en cuenta que el Gobierno ha rechazado ya conceder ayudas públicas o coberturas para las provisiones y los litigios, esos costes presionarán el precio a la baja.

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