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El primer ministro chino fija como objetivo crecer un 6,5% «o más»

PABLO M. DÍEZ

En la inauguración este domingo de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento orgánico del autoritario régimen chino que se reúne una vez al año, el primer ministro Li Keqiang se ha fijado como objetivo que la economía crezca «en torno a un 6,5 por ciento o más si es posible». Una previsión que sigue la tónica del año pasado, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) subió un 6,7 por ciento, y continúa la ralentización que sufre la economía china, en sus niveles de crecimiento más bajos en un cuarto de siglo.

[Asamblea Nacional Popular de China, un Parlamento «de pega» al servicio del Partido Comunista]

Ante los 3.000 diputados de la Asamblea, casi todos pertenecientes al Partido Comunista, Li Keqiang leyó en un par de horas el informe del Gobierno y marcó el rumbo a seguir este año en la cita política más importante de China. En esta ocasión, la reunión de la Asamblea viene marcada por dos hechos que no figuran en su agenda, pero que serán cruciales durante los próximos meses. Uno es el Congreso del Partido Comunista que se celebrará en otoño, donde el presidente Xi Jinping confirmará su segundo mandato de cinco años y, en teoría, señalará a su sucesor para 2022. El otro es la política internacional que seguirá el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha mostrado tan duro con China que todo apunta a una nueva «Guerra Fría» entre ambos países, tanto en lo comercial como en las disputas territoriales que mantiene Pekín con todos sus vecinos.

Ante los planes proteccionistas que preconiza Trump, quien culpa a China de la pérdida de empleos en EE.UU. por culpa de la deslocalización de sus empresas, Li Keqiang volvió a enarbolar el discurso del régimen a favor de la globalización y el libre comercio. «Nos enfrentamos a situaciones más complicadas y serias en casa y fuera porque la tendencia a la desglobalización y el proteccionismo está creciendo», advirtió el primer ministro chino. En clara alusión a las nuevas políticas que propugna el populista Trump y al «Brexit», alertó de que «hay muchas incertidumbres sobre la dirección de las principales economías y sus efectos colaterales, así como factores que podrían causar inestabilidad y son visiblemente crecientes».

Abrir la economía al mundo

En contraposición, Li Keqiang abogó por seguir adelante con sus reformas para abrir la economía china más al mundo y prometió «igualdad de oportunidades» y «normas justas». Pero su discurso choca frontalmente con las cada vez mayores quejas de las empresas extranjeras, que no pueden competir en las mismas condiciones con los monopolios estatales que aún controlan amplios sectores del país, como la energía, la banca, las telecomunicaciones y los transportes e infraestructuras.

Para garantizar la estabilidad de China, cada día más decisiva en el panorama global, el primer ministro previno contra los peligros que amenazan a la economía nacional, como su burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades, la volatilidad de su mercado bursátil y el alto nivel de endeudamiento de sus empresas y administraciones. A tenor de los últimos cálculos, la deuda de los gobiernos locales, las empresas y los particulares ha crecido desde el equivalente a un 150 por ciento del PIB antes de 2008 a alrededor del 260 por ciento. Tan brutal incremento se debe en gran parte a los planes de estímulo puestos en marcha por las autoridades chinas para capear la crisis financiera global, que acabaron recalentando la economía y disparando la deuda. Para sanear su economía, el régimen ha puesto en marcha una batería de medidas y está cambiando su modelo de crecimiento, que antes se basaba en las manufacturas para la exportación, la inversión extranjera y las inversiones públicas y ahora está pasando a depender cada vez más del consumo doméstico. Pero los expertos coinciden en que sus reformas son todavía demasiado lentas.

En el plano laboral, el informe leído por Li Keqiang ante la Asamblea Nacional promete crear once millones de empleos, un millón más que el objetivo del año pasado, y reducir la sobrecapacidad que sufren algunas industrias. Entre ellas destacan la del acero, donde se eliminarán 50 millones de toneladas métricas, y la del carbón, cuya producción disminuirá en otros 150 millones. Despidiendo a millones de empleados, ambos sectores ya empezaron sus recortes el año pasado, lo que provocó protestas y manifestaciones que alteran la sacrosanta estabilidad social que obsesiona a este régimen autoritario. Curiosamente, y al contrario que con el carbón y al acero, el primer ministro no hizo mención a la industria del aluminio. Dicho sector también se enfrenta a las acusaciones de otros países de inundar los mercados internacionales vendiendo por debajo del precio de coste («dumping») gracias a los subsidios estatales.

Inflación del 3%

Con un objetivo de inflación del 3 por ciento, igual que el año pasado, la prioridad de las autoridades chinas es mantener la estabilidad de cara al Congreso del Partido Comunista que tendrá lugar en otoño. Dicho cónclave reforzará para su segundo mandato al presidente Xi Jinping, erigido el año pasado a »núcleo» del Partido, y tiene previsto renovar por jubilación a cinco de los siete miembros que componen su todopoderoso Comité Permanente del Politburó. En teoría, solo Xi Jinping y Li Keqiang permanecerán en el mismo y el presidente escogerá a sus aliados para ocupar las vacantes, por lo que todas las miradas están puestas en las figuras que más resalten durante esta Asamblea. Dándole un puesto destacado en dicho Comité Permanente, Xi Jinping debería señalar a su sucesor tras el fin de su segundo mandato de cinco años en 2022. Pero, debido al carácter personalista de Xi, numerosos expertos y la Prensa internacional especulan con la posibilidad de que rompa esta norma no escrita del régimen y se perpetúe en el poder como un nuevo Mao. Adhiriéndose a la línea oficial, el primer ministro citó como la primera de las 17 tareas para este año «seguir el liderazgo del Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping como su núcleo».

La Asamblea Nacional Popular continuará durante los próximos diez días para debatir y aprobar los planes del Gobierno para este año, algo que se da por sentado en este Parlamento «de pega» donde no hay oposición alguna y prácticamente todos sus diputados votan lo que les ordena el régimen.

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