El catedrático Julio Segura, coordinador del estudio, aseguró hoy en rueda de prensa que el escaso esfuerzo tecnológico realizado por las empresas españolas es la principal causa del inferior crecimiento de la productividad española frente a la Unión Europea en la última década.

Además advirtió que este pobre crecimiento de la productividad española refleja la existencia de "serios problemas" para aumentar la capacidad de crecimiento potencial de la economía española.

Por ello, consideró urgente abordar reformas en materia de política tecnológica, sistema educativo, mercado de trabajo, pensiones y sanidad.

En concreto, para garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones y del Sistema Nacional de Salud el informe propone, entre otras medidas, que el cálculo de las pensiones se realice en función de la historia contributiva completa del trabajador y no de sus últimos quince años.

Además, propone introducir elementos de capitalización parcial obligatoria, calcular los incentivos fiscales sobre la cuota y no sobre la base imponible, con un máximo menos generoso que el actual, redefinir la "póliza sanitaria" y el sistema de copago y liberalizar la actividad de las farmacias.

Por otra parte, el informe asegura que la reforma del mercado de trabajo español debería pasar por una modificación de su marco regulador para reducir la alta tasa de temporalidad, mejorar los escasos incentivos a la búsqueda de empleo, derivados de la combinación de unos altos costes de despido y una apreciable protección de los desempleados, y mejorar la estructura de la negociación colectiva, especialmente perjudicial para las pymes.

MAS INDEPENDENCIA DE ORGANISMOS REGULADORES.

En lo que se refiere al funcionamiento de organismos reguladores y de supervisión como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión de Energía, la Comisión de Telecomunicaciones, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyas decisiones afectan crucialmente al funcionamiento de ciertos mercados esenciales, el informe propone algunas mejoras en su estructura y actuación.

Entre otras medidas, y con el objetivo de garantizar la independencia de los citados organismos los autores consideran que estabilidad de sus órganos rectores debe estar desligada del ciclo político, lo que implica que los nombramientos de sus gestores sean por plazos superiores a los cuatro años.

Además propone eliminar la posibilidad de renovación, teniendo el Parlamento una función de filtro en los nombramientos, de forma que todos los candidatos tuvieran que superar, para ser nombrados, sesiones parlamentarias públicas.

En materia de política educativa los autores proponen, entre otras medidas, un acuerdo estable sobre contenidos y exigencias básicas de los niveles educativos primarios y secundarios, dejando a un lado dos aspectos conflictivos desde el punto de vista político tales como la financiación de la escuela concertada y la asignatura de religión.

Además, defienden la reducción del número de asignaturas aunque no el de horas de escolarización y dar prioridad a la mejora en la cualificación técnica del profesorado.

Por último, en materia de política tecnológica el informe considera necesaria la reforma de los parques tecnológicos y las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades y de algunos centros de investigación públicos.

Además aboga por una evaluación rigurosa de la desgravación fiscal de los gastos en I+D y una definición más precisa de los mismos y el condicionamiento de ayudas directas a programas de cooperación entre centros públicos de investigación y empresas y a consorcios de empresas con presencia de pyme.

| 22/Nov/2006 14:27:15 (EUROPA PRESS ECONOMIA) 11/22/14-27/06 "