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VITORIA, 31 (EUROPA PRESS).- El Consejo de Gobierno aprobó, en su reunión de hoy, el Decreto sobre régimen y destino del personal y patrimonio de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que determina el cierre de las mismas y el traslado de su actividad al Gobierno vasco. El acuerdo permitirá ampliar al conjunto de la población vasca los servicios de carácter público que estas entidades privadas venían prestando exclusivamente a sus socios.

La aprobación del Decreto abre un proceso por el que el personal que se hubiera incorporado a las Cámaras con anterioridad a noviembre de 2002 podrá optar entre sumarse a la estructura del Gobierno, como personal laboral fijo, o percibir una indemnización.

Se inicia también la elaboración del inventario del patrimonio de las Cámaras. Dicho patrimonio se dividirá en dos bloques: el obtenido en el periodo de cuota obligatoria (mayo 1927-enero 1989) y el obtenido fuera de ese periodo. Aunque ambos patrimonios se integrarán en el del Gobierno, el segundo podrá ser adscrito a favor de asociaciones sin ánimo de lucro que tengan como finalidad principal la defensa, promoción e información de los propietarios y usuarios de viviendas urbanas. La posibilidad de solicitar esta adscripción tiene un plazo máximo de un año.

Los órganos de gobierno de las Cámaras quedarán disueltos a partir de la entrada en vigor del Decreto, asumiendo el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, durante el proceso de liquidación, las funciones que hasta ahora tenían atribuidas dichos órganos, para lo cual se designará a una persona representante delegada del Departamento.

Durante este proceso, que puede durar varios meses, las Cámaras seguirán prestando los servicios en las oficinas que ocupan en la actualidad. Una vez finalizado, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ofrecerá de modo gratuito a toda la población los servicios de información en materia de derechos y obligaciones de los propietarios y arrendatarios, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento, mediación y conciliación en las cuestiones que surjan entre propietarios inmobiliarios y entre éstos e inquilinos y registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas.

Con este acuerdo, el Gobierno vasco cumple la obligación que corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca una vez que el Estado acordó la supresión de la Cámaras como corporaciones de derecho público en 1990, con ratificación posterior en el Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto.

La publicación de este Real Decreto-ley abrió el proceso de liquidación, que tiene su continuidad en lo relativo a Euskadi en el Decreto que hoy se ha aprobado. La obligación de culminar el proceso, una vez resueltas todas las demandas de inconstitucionalidad, ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales explicó que las gestiones pertinentes para la aprobación del Decreto "han sido compartidas de forma consensuada en el seno del Gobierno y llevadas a cabo conjuntamente entre el Departamento de Hacienda y Administración Pública y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales".

| 31/Ene/2006 13:43:42 (EUROPA PRESS) 01/31/13-43/06 "