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El Ejecutivo ha echado mano de los fondos para I+D de  Ciencia y Tecnología para financiar blindados, helicópteros y naves de  guerra, mientras la oposición le recuerda que el uso de estos créditos son  pan para hoy pero hambre para mañana.

En la última década los gobiernos de Madrid han redescubierto aquello que  cualquier mandatario sabía desde tiempos remotos: que las fuerzas armadas son un argumento crucial cuando se quiere conseguir notoriedad en política internacional. Tras medio siglo de acumular telarañas, el ejército ha debido adaptarse a marchas forzadas a su nuevo cometido.

Con el paso de los años los distintos gobiernos han enviado al ejército a escenarios cada vez más peligrosos. Primero se le destinó como fuerza humanitaria a zonas catastróficas; después se le convirtió en mensajero de paz en un territorio convaleciente de una espantosa escabechina; más tarde fue utilizado como instrumento de interposición en una guerra latente. En los últimos meses sus hombres han viajado a Irak como ambiguo cuerpo de policía en un conflicto sucio y en plena ebullición.

COSTOSA PROFESIONALIZACIÓN

La creciente implicación del Gobierno en situaciones bélicas internacionales ha dejado al descubierto elementales limitaciones operativas además  de las severas carencias de material militar que padecen unas Fuerzas Armadas que han debido acometer un costoso proceso de profesionalización sometidas, como han estado, a severas restricciones presupuestarias.

El accidente de avión que costó la vida a 62 militares que eran repatriados tras concluir una misión en Afganistán supone hasta la fecha la constatación más dolorosa de la distancia que existe entre los objetivos que se reclaman del Ejército y los medios que se le facilitan para ejecutarlos.

En un desesperado esfuerzo por cuadrar el círculo que supone adquirir moderno material militar sin incrementar el déficit presupuestario, el ministro del ramo, Federico Trillo, ha encontrado su tabla de salvación en el uso de los fondos de I+D del ministerio de Ciencia y Tecnología.

Se trata de créditos que el Gobierno puede ofrecer, en este caso a las grandes empresas españolas del sector de defensa, con la condición de que los fondos den soporte a proyectos con un alto componente de investigación y desarrollo.

Las ayudas son flexibles y discrecionales y pueden dar cobertura desde el 25% hasta el 75% del presupuesto del proyecto. No obstante, como préstamos que son, constituyen una financiación puente que al final de proceso debe ser amortizada en su totalidad por el Ministerio de Defensa, sea con dinero de su presupuesto o con cualquier otro recurso.

GRAN COMPRA DE ARMAMENTO

Amparándose en la flexibilidad que le ofrece este artificio financiero, el Gobierno de José María Aznar anunció la semana pasada la aprobación de uno de los mayores pedidos de compra de armamento que se recuerda en la historia del ejército español. Por una inversión conjunta de 4.176 millones de euros se ha comprometido la compra de cuatro submarinos, un gran barco de proyección estratégica, 212 vehículos blindados y 24 helicópteros de ataque.

La noticia ha sido recibida con severas reticencias de la oposición, la cual ha recordado que no es Federico Trillo el primer responsable de los asuntos de la defensa en descubrir que los créditos de I+D son un buen atajo para financiar armamento. Con anterioridad el Gobierno ya había acudido a los fondos de Ciencia y Tecnología cuando puso en marcha los programas del avión de combate EF-2000, de la fragata F-100 y del carro de combate Leopardo.

Y precisamente en el año 2004 comienzan a vencer las letras de aquellos préstamos, que ahora sí, sin más remedio, tiene que pagar el departamento del ministro Trillo. Un estudio del Real Instituto Elcano estima que en 2005 las compras de armas generarán el déficit de 400 millones en el balance del Ministerio de Defensa.

A pesar de los juegos malabares, antes o después el Gobierno tendrá que convencer a un electorado, que en los últimos tiempos ha dado prueba de sus convicciones pacifistas, de que su política internacional obliga a dedicar un porcentaje muy superior de sus impuestos a incrementar el gasto militar.