La Comisión Nacional de Energía estudia la fusión Gas Natural - Iberdrola
El lunes pasado, Gas Natural Pero, la OPA fue recibida con críticas por parte de Iberdrola, que la consideró hostil y argumentó que no refleja el valor de su acción, al tiempo que el gobierno aseguró que la estudiará de cerca para evitar posiciones dominantes en el mercado energético. Ante esto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) usó sus atribuciones para comenzar a investigar, sin que medie pedido del Ministerio de Economía, el impacto que puede tener la fusión de los dos grupos sobre la distribución de gas y electricidad, las dos actividades en el liberalizado sector energético que aún regula el Estado. "Ya se comenzó a estudiar la viabilidad del impacto económico de la operación sobre las actividades reguladas, que son distribución de gas y electricidad", dijo a Reuters una fuente de la CNE que pidió anonimato. LA INVESTIGACIÓN PODRÍA DURAR UN MES La fuente agregó que la investigación durará cerca de un mes, pero aclaró que ese plazo se puede extender "si se le hacen pedidos a Gas Natural sobre nueva información". Con una cuota superior al 70% en el mercado gasista, Gas Natural tiene además una participación de más del 40% en Enagás Las otras dos grandes eléctricas, la líder Endesa En su afán por liminar obstáculos regulatorios, Gas Natural dijo que podría realizar desinversiones por unos 5.000 millones de euros si se concreta su fusión con Iberdrola. Aunque tiene carácter de asesor, las recomendaciones que la CNE eleva al gobierno tienen gran peso a la hora de que los organismos de competencia del Estado tomen sus decisiones. El Ministerio de Economía también puede pedir luego al organismo que evalúe el impacto de una fusión Gas Natural- Iberdrola sobre las actividades no reguladas, como la generación y la comercialización de gas y electricidad. Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe la OPA lanzada por Gas Natural, comienza a regir un plazo de 30 días para que concluya la operación de no mediar otras ofertas de compra por parte de competidores. Si la fusión se concreta, los organismos de competencia del Ministerio de Economía deben decidir si la aprueban por completo o con condicionantes, o directamente la rechazan.

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