1.79%Economía/Empresas.- El abogado del Tribunal de la UE se pronunciará mañana sobre la "acción de oro" en España
Ruiz Jarabo, cuyas conclusiones suelen ser respetadas por el Tribunal en las sentencias finales, deberá pronunciarse además sobre la legislación que concede al Gobierno de Reino Unido una 'acción de oro' sobre la British Airports Authority (BAA).
La 'acción de oro' o 'golden share' es el derecho de veto o de autorización administrativa previa que los gobiernos europeos mantienen sobre ciertas actuaciones de sus empresas privatizadas (disolución, escisión, fusión, cambio del objetivo de la empresa, venta de activos o venta de acciones).
España la instauró por ley en 1995 y la desarrolló en posteriores decretos ley sobre Repsol (1996), Telefónica (1997), Argentaria (1998), Tabacalera (1998) y Endesa (1998). Tras agotar el proceso de infracción, la Comisión denunció la ley española y sus desarrollos al considerar que constituyen una "una restricción a las libertades de circulación de capitales y de establecimiento" consagradas en el Tratado.
El pasado 4 de junio, el Tribunal de Luxemburgo rechazó las legislaciones de Francia y Portugal sobre 'acción de oro', y aprobó la del Bélgica. Tal como había argumentado la Comisión, el Tribunal sentenció que este tipo de medida sólo es admisible "por razones imperiosas de interés general" y de forma "proporcionada al fin perseguido".
INFRACCIÓN DE ITALIA, PAISES BAJOS Y DINAMARCA.
Por otro lado, la Comisión Europa incoó hoy un procedimiento de infracción contra Italia y remitió sendos dictámenes motivados (segundo paso en el proceso de infracción) contra Países Bajos y Dinamarca, por sus respectivas legislaciones sobre 'acción de oro'.
En el caso de Italia, el expediente se refiere al decreto de 1999 que concede a la administración italiana prerrogativas para controlar la estructura de propiedad o de gestión de las empresas privatizadas Eni, Telecom Italia, Finmeccanica y Enel.
En Holanda, la investigación se refiere a las prerrogativas estatales contenidas en los estatutos de las compañías privadas KPN y TPG, escisiones del operador histórico de telecomunicaciones y servicios postales PTT, mientras que en Dinamarca, Bruselas cuestiona la posibilidad del Gobierno de restringir la inversión foránea en los aeropuertos daneses.
En todos los casos, la Comisión Europea sospecha que las legislaciones concernidas constituyen o posibilitan una vulneración del principio de libre circulación de capitales y libre establecimiento de personas, tal como se reflejan en el Tratado de la UE. Si Copenhague o La Haya no responden satisfactoriamente en un plazo de dos meses, Bruselas podría denunciarles ante el Tribunal de Luxemburgo. | (EUROPA PRESS) 02/05/18-58/03 "
