1.79%Economía/Empresas.- La Comisión Europea urge a Países Bajos a revisar su "acción de oro" en KPN y TPG
La 'acción de oro' o 'golden share' es el derecho de veto o de autorización administrativa previa que los gobiernos europeos mantienen sobre ciertas actuaciones de sus empresas privatizadas (disolución, escisión, fusión, cambio del objetivo de la empresa, venta de activos o venta de acciones).
El Ejecutivo comunitario sostiene que, en determinadas circunstancias, la 'acción de oro' puede "desalentar" las inversiones procedentes de otros Estados miembros de la UE, y suponen por tanto una vulneración de las reglas comunitarias sobre libre circulación de capitales.
Bruselas juzga que las prerrogativas estatales previstas en los estatutos de la compañía de telecomunicaciones KPN y del operador postal TPG, entre ellas 'la acción de oro', responden a este caso, ya que, sin ser explícitamente discriminatorias, pueden disuadir las inversiones de otros países de la UE.
Si el Gobierno holandés no responde satisfactoriamente al dictamen motivado en un plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.
La Comisión Europea envió también hoy al Gobierno de Italia una serie de demandas de información, primer paso en los procesos de infracción, acerca de las prerrogativas legales de que dispone la administración italiana para controlar la estructura de propiedad o de gestión de las empresas privatizadas Eni, Telecom Italia, Finmeccanica y Enel.
Por otro lado, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Alberto Ruíz Jarabo, emitirá mañana sus conclusiones acerca de la ley española de 1995 que concede al Gobierno una 'acción de oro' sobre las empresas privatizadas Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria y Tabacalera. El Tribunal suele respetar las opiniones del abogado en sus setencias finales.
El pasado 4 de junio, el Tribunal de Luxemburgo rechazó las legislaciones de Francia y Portugal sobre 'acción de oro', y aprobó la del Bélgica. Tal como había argumentado la Comisión, el Tribunal sentenció que este tipo de medida sólo es admisible "por razones imperiosas de interés general" y de forma "prorporciada al fin perseguido".
Además, juzgó que su aplicación deberá basarse en criterios precisos, que las empresas conozcan de antemano, susceptibles de control jurisdiccional y que no puedan sustituirse por medidas menos restrictivas. | (EUROPA PRESS) 02/05/16-15/03 "
