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Los sindicatos rechazan una actuación que no consideran necesaria ni apropiada en una crisis cuyo origen es internacional y de carácter económico
No hay un solo día en el que no se conozca un dato nuevo que empeore el panorama laboral de nuestro país. Uno de los últimos, que se desprende del indicador AML de Afi y AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), además, pinta un futuro poco esperanzador: el ritmo del deterioro del empleo se agudizará en lo que queda de año. El informe adelanta que en enero de 2009 el trabajo se situará un 2,6% por debajo del observado hace un año, es decir, supondrá una pérdida de algo más de 500.000 ocupados netos.
Ante tal perspectiva y a punto de alcanzar los tres millones de parados, las voces que sugieren propuestas para incorporar al diálogo social se disparan. Recientemente, el catedrático de Derecho del Trabajo Juan Antonio Sagardoy, presidente del bufete que lleva su apellido, se preguntaba durante unas jornadas organizadas por su despacho en colaboración con Randstad «¿existe una reforma laboral pendiente? ¿Es precisa?" "La respuesta depende de la perspectiva: para los trabajadores y sus representantes probablemente sería negativa, mientras que los empresarios optarían por el sí. ¿El Gobierno? Se decantaría por el ‘depende’", reflexionaba Sagardoy.
Efectivamente, los sindicatos no están por la labor de renovar la legislación en materia de empleo. Lola Liceras, secretaria de la Confederación de Empleo de CC OO, reitera que «si por reforma laboral se entiende (que es lo que se suele entender siempre) modificar la regulación laboral actual del despido –causas, costes y procedimientos–, o los contratos de trabajo, consideramos que no procede volver a modificar el Estatuto de los Trabajadores". "La última reforma de algunas de estas cuestiones se ha realizado hace dos años, otras en 2001 y 2002, y no tiene sentido cambiar todos los años las reglas laborales", añade Liceras haciendo referencia a las últimas modificaciones en legislación laboral, definidas por Sagardoy como «retoques finos, muy distintos de lo que se hizo en 1994, cuando sí se modificó en profundidad el panorama".
Origen internacional
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, recuerda que en la ‘Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social’ que todos los agentes sociales firmaron el pasado 29 de julio "se descartaba cualquier tipo de reforma". Además, Ferrer insiste en que esta crisis es de origen internacional y financiero "por tanto, buscar soluciones que se circunscriban al ámbito laboral es erróneo".
Para apoyar su opinión, el secretario de Acción Sindical de UGT afirma que entre los peligros que podría desencadenar una nueva reforma se encuentran "una mayor desconfianza de los trabajadores, una aceleración del proceso de destrucción de los puestos e, incluso, un recorte de los derechos de protección del empleado".
Desde una perspectiva contraria, Juan Antonio Sagardoy instó durante su intervención en el mencionado acto a acometer reformas: "Tanto del aparato normativo como de la cultura sindical y empresarial". El presidente de Sagardoy Abogados apunta: "El mercado de trabajo es como el cuerpo humano, se puede no hacer nada ante los problemas, curar de modo superficial –que es lo que se ha hecho hasta ahora–, u operar" y, recomienda llevar a cabo "una reforma laboral para la emergencia".
Paquetes de medidas
Por el momento, la realidad, sin embargo, apunta únicamente a poner en marcha paquetes concretos de medidas, siempre que exista acuerdo entre todos los integrantes de las mesas de diálogo social (Gobierno, sindicatos y patronales). De las acciones sobre empleo y contratación anunciadas por el Ejecutivo socialista se han aprobado en Consejo de Ministros dos: la bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar la contratación indefinida de parados con cargas familiares y la ampliación del 40 al 60% de la capitalización del desempleo.
Toni Ferrer de UGT alega que "lo aprobado es sólo una parte de las medidas, pero el diálogo social plantea mucho más". "Siguen en marcha y en negociaciones la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, la mejora de las protecciones por desempleo...".
Juan Antonio Sagardoy expuso ante los profesionales de recursos humanos y relaciones laborales que acudieron al desayuno organizado junto con Randstad algunas de sus propuestas: "Una doble escala salarial para trabajadores nuevos (por debajo del convenio); contratos laborales ‘de fijo a término’, es decir, temporales con una duración de seis años; abaratamiento del despido... Siempre con el objetivo de que se contrate con mayor facilidad". En este sentido, Sagardoy aboga porque el Gobierno "sea un árbitro activo en temas laborales, y que se aparte de la dejadez de funciones que suele demostrar".
En sintonía con esta perspectiva, el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguraba esta misma semana durante la celebración de unas jornadas de energía: "El mercado de trabajo debe flexibilizarse en todos los órdenes y más en época de crisis". Desde UGT, Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, matiza: "flexibilidad sí, pero interna". Frente a lo que considera un eufemismo del abaratamiento del despido, Ferrer apuesta "por medidas que permitan jugar con la flexibilidad interna y negociada de las empresas, en temas de horario, revisión de políticas salariales...".
