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-¿Qué ha causado una crisis tan larga y fuerte como ésta?
-Quizá la ineficacia de los órganos reguladores y de los controles sobre el sistema financiero. Habrá que tomar medidas que subsanen estas deficiencias.
-¿Qué recetas propondría?
-Sobre todo, austeridad en el gasto público. La crisis hace que ingresemos mucho menos y gastemos bastante más, de modo que no animemos unos desembolsos que ya resultan elevados. También habría que apoyar más a quienes crean empleo. Y no deberíamos dejar a un lado una inversión mayor en educación y energías renovables.
-¿Por eso decidieron fiscalizar los planes del Gobierno?
-Nuestro propósito es que en el programa de fiscalizaciones para 2009 se incluyan las medidas especiales tomadas por el Gobierno durante la crisis. Fue un acuerdo firme y unánime, que ya mandamos al Parlamento y que les explicaré a finales de mes.
-¿Ese control no estaba previsto?
-Los decretos aprobados por el Gobierno establecen que el control se realizará por el Banco de España, la Intervención General del Estado, el Parlamento y el Ministerio de Economía. Pero el Tribunal de Cuentas no está presente.
-¿Olvido u omisión meditada?
-No sabría decirle. ¿Un olvido? Pues deseo pensar que sí, pero entonces se ha de subsanar. Las competencias las otorga la Constitución al Tribunal de Cuentas, y estamos tanto legitimados como obligados a fiscalizar esas medidas.
-Insisto. ¿Por qué piensa que el Ejecutivo ha actuado así?
-Quiero pensar que es porque nuestras fiscalizaciones se refieren a hechos pasados, y por ello podrían demorarse, de modo que cuando pudiéramos controlar esas medidas muchas ya estarían 'muertas'. Pero hemos propuesto una fórmula alternativa, autorizada por la ley, y que es casi inmediata y urgente.
-Explíquelo más en detalle.
-Los organismos como el Banco de España presentarán informes periódicos al Parlamento y pueden mandar una copia al Tribunal de Cuentas. En un procedimiento especial, podemos hacer una primera evaluación sobre la marcha para que el Legislativo sepa cuál es nuestra valoración. Esto es lo que intentaremos hacer, pero a lo mejor el Gobierno se resiste.
-No obstante, al final esas cuentas acabarán en sus manos...
-Sin duda. Por ejemplo, los 8.000 millones concedidos a los ayuntamientos, que no se han dado para potenciar su delicada situación financiera sino para obras que produzcan un empleo transitorio, lo que diríamos pan para hoy y hambre para mañana. Esperemos que sirvan de analgésico, pero no van a resolver la situación financiera de las corporaciones locales.
-¿Y usted qué espera?
-No soy yo quien debe valorar si las medidas son oportunas o no, pero existe el riesgo de que creen más problemas en la financiación municipal si provocan nuevos servicios que generen la necesidad de personal permanente. Los ayuntamientos han asumido servicios que no son de su competencia y que alegremente financiaban con fondos que procedían del 'ladrillo'. Se los gastaron en personal y temas ordinarios, y ahora que no hay ingresos tienen el doble de complicaciones.
-¿Le parece que se ha gastado demasiado dinero en esas medidas?
-Yo no debo valorar si es demasiado o no, pero lo cierto es que los recursos públicos son finitos y eso nadie debe olvidarlo. Los decretos anticrisis ya aprobados por el Gobierno comprometen un porcentaje elevadísimo de los Presupuestos, y muchos nos preguntamos de qué partidas va a salir ese dinero. Ese es el gran problema de las cuentas del Estado para 2009, que están completamente alejadas de la realidad.
-¿Y qué puede hacer el tribunal en este caso?
-Sí detectamos irregularidades en el cumplimiento de los Presupuestos, ponerlas de manifiesto al Parlamento, que es el que tiene capacidad para tomar decisiones. De hecho, la cuenta general de Estado de 2008 ya va a ser excesivamente mala.
-¿El dinero público debería destinarse a pagar deudas de las administraciones antes que hacer nuevos planes?
-Seguro. Si, por ejemplo, los ayuntamientos pagaran sus deudas, muchas pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo, podrían tener una mejor situación económica o, al menos, no se verían obligadas a cerrar.
-Pero hay más morosos, no sólo los municipios.
-Es cierto, si bien no en todos los casos esa morosidad es igual. Pero para eso está la ley y los tribunales que deben hacerla cumplir. Por mucha administración que sea, han de cumplir con los mismos plazos de pago que cualquier ciudadano.
-¿Tiene algún dato al respecto?
-De morosidad no, pero de endeudamiento sí. Durante el último ejercicio (2008), el de las comunidades autónomas creció un 9% en tasa interanual, mientras que el de las corporaciones locales lo hizo un 6%. Eso confirma que la crisis, como era de esperar, también afecta mucho a las administraciones públicas.
-¿Espera sorpresas del nuevo modelo de financiación autonómica?
-No lo sé, pero no lo creo porque será complicado llegar a un acuerdo que guste a todos o, al menos, no les disguste del todo. Además, los nuevos estatutos de autonomía han venido a complicar aún más cualquier financiación, hasta el punto de que el 'sudoku' del que hablaba el vicepresidente Pedro Solbes es una realidad. Por ejemplo, hace poco he leído que se ha dado a Cataluña un 'aguinaldo' de 800 millones de euros y, claro, las demás dicen: '¿y para mí?'... Ese es un gran problema al que no veo nada clara la solución.
-¿Cree que está en juego la solidaridad interterritorial prevista en la Constitución?
-No sé si tanto, pero es cierto que existen serias dudas al respecto en función del tipo de acuerdo al que se pueda llegar. No voy a a extenderme con el tema de las balanzas, pero obviamente no es lo mismo como las entienden en Extremadura a cómo las ven desde Cataluña. Y ese es un tema que en modo alguno se ha resuelto, de modo que no puede considerarse decisivo.
