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Hace varios años, en un juicio por querella interpuesta contra mí por un plumilla abertzale, su abogada requirió la presencia[…]

Hace varios años, en un juicio por querella interpuesta contra mí por un plumilla abertzale, su abogada requirió la presencia de la RAE para dictaminar sobre el significado de un párrafo de uno de mis libros en el que quería ver una imputación de pederastia a su representado. Testificó finalmente el profesor Humberto López Morales, Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La juez, oído el dictamen de este, me dio la razón, desestimó la demanda y condenó al demandante al pago de costas. Pero no me alegró la sentencia. Si haber admitido a trámite la querella había sido ya excesivo (incluso en una juez bisoña, como era el caso), la cesión a la exigencia de testificación pericial de la Real Academia sólo se explicaba por el canguelo que entonces producía en el estamento judicial cualquier asomo de indignación separatista. No fue la única vez en que me llevaron a los tribunales distinguidos perros de presa -o más bien de prensa- de ese color (y perdieron siempre), pero nunca antes se había llegado a una situación tan absurda. Antes de impetrar el testimonio del profesor López Morales en su condición de autoridad en todas las variedades del español, aduje que yo mismo, en mi condición de especialista en Filología Española (soy catedrático de universidad de dicha materia desde hace veinticinco años), podía hacer todos los análisis gramaticales y semánticos que se requirieran de una frase de ocho pajoleras palabras, comprensible por cualquier hablante nativo de nuestra lengua, y si yo no les parecía solvente ni digno de confianza, les invitaba a pedir el dictamen a cualquier otro catedrático o profesor de la misma especialidad en las universidades públicas o privadas del País Vasco. No aceptaron mi propuesta.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 6.4, asigna a la Real Academia de la Lengua Vasca la condición de «institución consultiva oficial en lo referente al euskera», lo que no deja de ser lógico porque es la propia Real Academia de la Lengua Vasca la que ha inventado el euskera, la variedad oficial del euskera, quiero decir. La Constitución Española no confiere a la RAE un papel semejante, ni consultivo ni tutelar, porque no es la RAE la que hace la lengua española, sino los hablantes del español. Ninguna de las Academias de la Lengua Española se atribuye una función preceptiva. No dan normas, sino, a lo sumo, indicaciones. La norma lingüística no es una imposición de los especialistas, sino lo que los hablantes usan en su mayoría, el uso normal, que no es lo mismo que el uso normalizado (y eso distingue al español del euskera). Los abertzales de la querella (y la juez que la aceptó) aplicaron un criterio eusquérico, preceptivo, normalizador, a un contencioso sobre un texto en español. Tal actitud es propia de paletos, de cobardes o de ambas cosas.

La obsesión normalizadora en el ámbito del español, en cambio, tiene más que ver con la cursilería o la mentalidad totalitaria, rasgos que coinciden en los detentadores actuales del gobierno, en su partido, y muy en particular en la personalidad de la vicepresidenta, una enferma de los nervios incapaz de interrumpir su flujo de ocurrencias y su obsesión sexual por la neolengua orwelliana. A su edad, ni el psicoanálisis podría mitigar los síntomas. En fin, resulta que la Muy Hija de Cabra que detenta o detonta el máximo poder femeníspero en este gabinete de chicos y chicas alegres y alegras ha metido a la RAE, como ella diría, en un maldito membrete tomista. Ya veremos lo que hará la docta corporación, en la que hay de todo. Yo la mandaría directamente al de Ciempozuelos o al de Leganés, que elija ella. Como Urdangarín.

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