En fuentes sindicales explicaron que este principio de acuerdo entre las partes contempla una indemnización para los afectados de 36 días por cada año trabajado, con un tope máximo de 20 mensualidades.

El principio de acuerdo será sometido en los próximos días a la aprobación por parte de las asambleas de trabajadores de Martinsa Fadesa y, en caso de ratificarse, será remitido al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña donde se tramita el concurso de la sociedad.

Además, CC.OO. se ha personado en el proceso de concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el que actualmente está inmersa Martinsa-Fadesa en nombre de los trabajadores de la inmobiliaria afiliados a la formación.

Con su personación el sindicato, a través de su Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma-CC.OO.), persigue "defender los intereses de los trabajadores de la inmobiliaria en general, y de sus afiliados en particular".

CC.OO. se suma así a UGT, quien ya mostró también su disposición a formar parte del proceso de suspensión de pagos del grupo inmobiliario controlado y presidido por Fernando Martín.

Adicae informará mañana a los afectados

Por otro lado, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha convocado para mañana reuniones en ocho ciudades españolas para informar a los afectados por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa sobre las irregularidades detectadas en la inmobiliaria y orientarles sobre las medidas a adoptar para la defensa de sus intereses.

Las asambleas tendrán lugar mañana a las 19.00 horas en las sedes de Adicae en Zaragoza, Madrid, Barcelona, A Coruña, Valladolid, Valencia, Sevilla y Málaga.

Los técnicos de Adicae insistirán en la importancia de solicitar los avales, que podrían ser la "única esperanza" de devolución íntegra de las cantidades aportadas por los clientes de Martinsa-Fadesa.

Además, Adicae informará sobre los escritos dirigidos al Banco de España y a la Dirección General de Vivienda de las Comunidades Autónomas competentes para que procedan a garantizar la obtención por parte de los afectados de la documentación sobre los avales con la mayor celeridad posible.